Es así que el Estado, a fin de ofrecer una verdadera solución que satisficiera a estos grupos humanos crea un Fondo Nacional, por el cual se promueve la vivienda pero no en base al ahorro individual, sino bajo un criterio de administración centralizada estatal basada en el mencionado fondo común, en base a los aportes de los trabajadores.
De esta forma, los empleados y trabajadores peruanos, iban poco a poco subsidiando a otro trabajador. En el transcurso el Estado iba manejando el dinero, y quedándose con el crédito de las obras, las viviendas, que se presentaban como un logro del Presidente de turno, cuando en realidad eran sufragadas con el dinero de los propios beneficiados.
En la dictadura del japonés: Alberto Fujimori; en el que se procedió a desnaturalizar este aporte: el Estado dispuso el uso de estos fondos para diversos fines. El dinero de los ciudadanos, presuntamente destinado a vivienda, terminó pagando obras que permitieron exhibir logros y la atención del Estado a diversas comunidades. Vale decir se convirtió en un “Clientelismo Político”, ya que el ejercicio de la Administración Pública lo que realmente buscaba era un respaldo político.
En ese momento al Estado no le importó el desposeer de sus ingresos al ciudadano para así cumplir con una presión social, y es así que el dinero fue usado para cumplir promesas electorales o buscar respaldo electoral, muchas veces celebrando con el celebre “baile del chino”.
Entre los efectos que durante los años siguientes se pudieron notar, fue el perjuicio a la posibilidad de ahorro de millones de ciudadanos, y contra lo que se buscaba con las “buenas intenciones”, se terminó perjudicando el acceso a vivienda que éstos requerían durante tantos años.
Este problema trae una cola demasiado larga, y veamos lo que ocurrió hace algún tiempo atrás. El candidato Alan García prometió la devolución de estos “aportes” en la reciente campaña a la Presidencia de la Republica. Con esto buscó satisfacer y conseguir algunos votos, sin embargo a un año y medio de ejercer la administración estatal, niega y dice que esto se debería definir en un Referéndum popular.
Existen algunos medios que publican que 18 mil soles seria lo que le correspondería a cada Fonavista, siendo esto una polémica cifra, que no se llega a saber en realidad de dónde ha salido o cual ha sido el criterio técnico usado que lo fundamenta; es por ello que cabe mencionar que son cientos de miles, los ciudadanos afectados por este aporte, por ello se hace notar el efecto a largo plazo que surge del “clientelismo político” que después de cuarenta años aproximadamente no ayuda a la adquisición de viviendas; es mas, afectó de forma irremediable a miles de familias peruanas ya que las descapitalizó.
Es ahora que la única “sabia solución” es la de cargar al Presupuesto Nacional (dinero de todos los peruanos) la devolución de estos aportes, más los intereses de todo este tiempo.
Y todo hace indicar que el 1º de mayo de 2009, sera el día donde todos los trabajadores, en especial para aquellos que durante años entregaron parte de su sueldo creyendo en el sueño de la casa propia.
De concretarse este referéndum, sería un hecho sin precedentes, pues significaría no solo el reconocimiento de un derecho, sino la primera vez que una ley (la ley del fonavista) que nació por voluntad del pueblo (con más de un millón y medio de firmas) se concreta y deroga a otra norma: la ley 26969, dictada por Alberto Fujimori, la cual declaró el fin del Fonavi.
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